No hay “una única circunstancia histórica" en la que las políticas de
austeridad hayan conducido
al fin de la pesada carga de la deuda
Ashoka Mody, ex- jefe de la misión del FMI en Irlanda
Sumario
Conclusiones
1 - La deuda es un instrumento de dominio.
2 – La
identificación entre los Estados y los
capitalistas
3 - Portugal – Escenarios de continuidad en el pago de la
deuda
3.1 – La continuidad pro-activa y radical (Hipótesis I)
3.2 – La continuidad
pro-activa amortiguada (Hipótesis II)
3.3 – La
continuidad prolongada (Hipótesis III)
4 – Valoración de las partes de la deuda no pagadas
5 - ¿Cómo salir de ésto?
Conclusiones
- La deuda es un modo de dominio que infunde en el deudor la sumisión por medio de la culpa;
- El predominio financiero en el capitalismo actual exige un ciclo infernal de generación artificial de dinero a crédito, con la subsiguiente captura incesante y permanente de deudores;
- La austeridad, el empobrecimento, la pérdida de los derechos, la precariedad de la vida constituyen los efectos dramáticos de los mecanismos financieros y son presentados –por los banqueros y los políticos– simultáneamente, como las vías para una salvación que nunca llega;
- Los mecanismos de la deuda y la austeridad tienen como vector principal el elevado poder del sistema financiero y de las clases políticas, en las cuales se hacinan los siervos domésticos del sistema mencionado;
- El aparato del Estado, además del ya conocido papel de capitalista colectivo, es un departamento del sistema financiero, cuyos directores se designan por los ministros. La integración formal no existe ya que conviene mantener la ilusión de separación frente al gran capital y así garantizar la aceptación, por parte de la multitud, de la legitimidad de la presión fiscal y de la autoridad;
- El sistema financiero y sus Estados se dedican a la reproducción desmedida de capital/dinero, asfixiando la “economía real” en deudas, fomentando el consumismo y el endeudamiento en las personas según una fórmula demente a la que no le basta el planeta para satisfacer sus ambiciones;
- Las limitaciones de este modelo genera dificultades en los elementos más frágiles del propio sistema financiero, como es el caso de los bancos portugueses, cuya existencia se ha mantenido porque el BCE los ha ido financiando para que se hundan en la especulación y en la compra de deuda portuguesa, rechazando aceptar las pérdidas de casi dos décadas de distorsión de la economía portuguesa;
- El capitalismo, en su configuración actual, transfiere sus problemas a los Estados, los cuales asumen deudas obedientemente, reducen más y más sus funciones sociales, cuestionando más que nunca su propia utilidad si su actividad se reduce a ayudar a los capitalistas y a crear dificultades para el pueblo;
- No se espera nada de virtuoso, de las alteraciones estructurales provenientes de las instituciones comunitarias o nacionales; la continuidad está garantizada y sólamente la movilización de la multitud puede crear un nuevo sistema económico y de expresión democrática, sin capitalistas ni clases políticas;
- Cualquier solución de continuidad en el pago del servicio de la deuda corresponde a una pesadísima carga financiera en la vida de cuantos viven en Portugal, mayormente los trabajadores y los pobres:
Parte de encargo con la deuda
de rendimento bruto 2014/21
Hipótesis I – 8.8 a
12.4%
Hipótesis II - 6.6 a 8.5%
Hipótesis III – 5.8 a
6.6%
- Una deuda que brevemente será valorada en 242.000 millones de euros[1], además de no ser economicamente posible pagar em plazos normales, hace surgir varias preguntas legítimas. Una de las razones es que una pequeña proporción de aquel importe se corresponde con la satisfacción de las necesidades de los portugueses; después, los objetivos de la constitución de la deuda – absorber los efectos de la política de crédito vigente desde los años 90, así como las dificultades del euro - no tienen por qué ser cargados a la población; y, finalmente, porque las bandas en el gobierno actuaron en medidas de impactos tan desastrosos, que contradicen las prerrogativas imputadas a la llamada democracia representativa, traspasándolas de más;
- Por turno, las instituciones financiadoras, globales o privadas, no ignoraban esa ilegitimidad resultante del divorcio entre los beneficiarios del crédito y sus verdaderos pagadores; ni ignoraban el rápido crecimiento de la deuda, en paralelo con la desinflación de la economía portuguesa, la desestructuración social o el carácter degenerado de las instituciones políticas en Portugal;
- Un volumen de rebajas en la deuda que la conduzcan a un 60% del PIB, el máximo admitido por el Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernación será alrededor de 143.000 millones de euros e, igualmente, el crecimiento económico seguirá dependiendo del pago de la deuda, dejando el nivel de vida de las personas estancado durante muchos años:
Porcentaje de responsabilidad con la deuda en el rendimento bruto 2015/21
Variante A – 2.7 a
3.1 %
Variante B – 2.4 a
2.6%
Variante C – 1.8 a 2%
- Cualquier solución definitiva del asunto de la deuda, que además permita la generación de bienestar en Portugal, exigirá:
- Un planteamiento nuevo inmediato, democrático, de organización política;
- Movilización social para el enfrentamiento con el capital financeiro y sus instituciones;
- Enmarcarse en un contexto de impugnación, a nivel de las periferias sur y este de la UE, especialmente España;
- Para que se consolide la alteración radical de las desigualdades existentes, se precisará de una nueva organización política y un nuevo modelo de representación, con ausencia de la clase política;
- Y también de la construcción de una sociedad sin capitalismo, sin apropriación privada del producto del trabajo, autogestionada y orientada para la satisfacción de las necesidades de la población.
1 - La deuda es un instrumento de dominio
La deuda es un
instrumento de dominio. En ciertas culturas, una persona insolvente tiene que
presentarse con su familia ante el acreedor, embargándose a sí mismo como
esclavo.
Esa deshonra y
humillación tiene reminiscencias también en ciertas culturas del norte de
Europa. En alemán, la palabra culpa se traduce como schuld, y una frase tan común en cualquier lengua como “¿cuánto
debo?” –al hacer una simple
transacción–, se dice en alemán Was
schulde Ich?, encontrándose una conección débito-culpa semejante en otras
lenguas germânicas. En esa cultura, la deuda estará asociada a algo ilícito
(pecaminoso según la lógica cristiana) o poco recomendable, pues en nada
favorece al deudor.
El capital
financiero es el verdadero artífice de la malsana espiral de crédito a que se
asiste, de la creación artificial de capital o dinero, desligada de la
producción de valor – que sólo el trabajo genera – o de cualquier ahorro
acumulado. Para el mantenimiento de esa situación, procura, naturalmente,
dividir a los pueblos entre deudores y acreedores, entre gente de cuentas
buenas y malas. Es por eso, que los burócratas y los plumíferos de los grandes
medios de comunicación acusen a los habitantes de los países deudores del sur
de Europa de ser derrochadores y holgazanes, y les culpen de haber generado
despreocupadamente una deuda que ahora les duele pagar o de cuyo pago se
quieren eximir.
No es raro que la
gente modesta, con dificultades en la vida resultantes de la estrategia de
fomento del endeudamiento por parte del sistema financiero, asuma su culpa, por “haber vivido por encima de sus
posibilidades”, acarreando con la carga moral, la autoflagelación tan inherente
a las religiones, asumiendo el pecado y sometiéndose a expiarlo con las
prestaciones de una deuda impagable y que se pretende eterna.
“No queremos ser
estafadores” se dice en la cobarde asunción de la deuda por parte de un Estado
que nada tiene que ver con las personas y que se coloca siempre al márgen de la
resolución de los problemas creados ante la mayoria de la población. Si alguien
tiene dificultades en pagar las facturas de la casa, o en alimentar a la
familia, porque cayó en el desempleo o en la indigencia, el Estado ignora esta
situación o, aún más, toma decisiones que sólo la empeoran, como la reducción
tanto de los subsidios de desempleo, como de las condiciones para el desembolso
del RSI, o el acceso a a la sanidad,
etc. Por otra parte, dicho Estado totalitario, para hacer frente al pago de sus
deudas, contraídas por servir al sistema financeiro –los grandes contratistas
de obras públicas o los capitalistas–, reduce todo lo que puede los gastos de
carácter social y aumenta la carga fiscal que deben pagar los trabajadores, los
jubilados y los consumidores, al mismo tiempo que libra a los empresarios y los
bancos de cargas fiscales.
2 – El
crecimiento de los Estados y los capitalistas
Nunca está de más recordar que el
Estado siempre ha sido el capitalista colectivo[2] y que en la
actualidad sólo es un departamento del sistema financiero y que sus directores
son designados por los ministros. El Estado está en proceso de privatización
directa o concesión de arrendamientos o mejoras de los bienes y servicios
públicos en favor de capitalista directos. Las funciones llevadas a cabo
directamente por el Estado tendían a limitarse al ejercicio del castigo fiscal
y de la autoridad –la emisión de leyes, la aplicación de la
"justicia" y la represión necesaria para mantener el status quo– no es de extrañar que
algunas de estas funciones ya no sean ejercidas por particulares o dejen de
serlo –la recaudación de impuestos, las prisiones, la elaboración de leyes bajo
formas jurídicas preparadas como contratos, sociedades, ajustes, la asignación
de espacios, etc.
Hay que tener en cuenta que el
Estado, como entidad, nunca se diluirá en ningún grupo financiero. Los
capitalistas saben muy bien la importancia de que haya una institución
colectiva que ejerza funciones útiles para todos, teniendo en cuenta la
jerarquía de los distintos capitalistas, grupos y empresas. Por otra parte, es
de su interés de mantener un aspecto de institución "por encima" de
la sociedad, "neutral" frente a las empresas y los individuos para
que acepten su autoridad para la recaudación de impuestos, la emanación de
leyes, decisiones judiciales y la legitimidad de la acción policial, incluso
cuando actúe de manera brutal.
Volviendo a la deuda, está claro que
los bancos no aceptarán que los insolventes se ofrezcan como esclavos viendo
cómo están aplazando el desalojo de las casas, ya que les costaría mucho más.
Como conocen la fábula de la gallina de los huevos de oro, prefieren
mantenerlas hambrientas, escarbando en un suelo casi estéril, mientras tengan
huevos para poner. Exigiendo, por supuesto, que las gallinas mantengan la
cabeza baja, sin pensar en el cuchillo que les cortará la garganta,
entretenidas con la televisión.
De hecho, la relación entre el
sistema financiero y los deudores poco tiene que ver con los entornos sociales
pre-capitalistas que aún prevalecen, donde el deudor se arriesga a la esclavitud
en caso de insolvencia. Actualmente, el sistema financiero necesita
multiplicarse, utilizar el capital en todo momento y minimizar el capital no
comprometido en una relación de crédito; en una sociedad pre-capitalista, el
crédito se basa, esencialmente, en un préstamo temporal de ahorros porque los
prestamistas no disponen de las herramientas y trucos de creación de capital
que el sistema financiero tiene, hoy en día, en monopolio.
En este contexto, el sistema
financiero necesita desesperadamente colocar el capital, reproducirlo, a pesar
de que esto deje de lado, desestructure y destruya parte del sistema productivo
de bienes y servicios, la llamada "economía real", aquella que
realmente satisface las necesidades de personas. El sistema financiero orquesta
el empresariado y las autoridades en la generación de una psicología social
sobre la base de un consumo inveterado e irracional, apelando constantemente al
crecimiento al que a veces se le añade piamente el adjetivo sostenible, para
tener contentos a los ecologistas. Este adjetivo revela precisamente la omisión
de que los recursos y el medio ambiente son finitos y no admiten un crecimiento
adecuado a los deseos del insaciable sistema financiero.
Esta pulsión consumidora lleva a la
gente a la deuda, al compromiso de los ingresos futuros, que están demostrando
ser muy inseguros, con respecto a lo que parecía hace años. Y para responder a
esta glotonería, las empresas producen con lo que tienen y lo que les propicia
el sistema financiero para que la gente compre, consuma lo que necesita y lo
que cree necesitar, por inducción de la publicidad y de la inyección de
conceptos de promoción social donde su consumo y modernidad resultantes moldean
la subjetividad de los individuos[3].
Como ya señalamos hace tiempo[4], el
crédito acumulado por los hogares y por las empresas no se puede permitir la
rotación ni la liquidez que a los bancos les gustaría; más bien al contrario,
los impagos y retrasos en los plazos de pago crecen, tal como crecen como las
insolvencias, con el cierre de empresas y con personas en la ruina. Por lo
tanto, el sistema financiero tiene dificultades para seguir manteniendo el
deleite de la concesión de préstamos ya que los individuos se alejan del
consumo y de la asunción de responsabilidades mayores, y las empresas, al no
tener la venta de sus productos y servicios asegurada, no compran ni materias
primas ni equipamiento. El aumento de los ingresos de los ricos[5],
obviamente, no compensa la disminución en la satisfacción de las necesidades de
la gente; ya no las relacionadas con la ostentación social, sino las que forman
parte de las necesidades básicas.
La incapacidad del sistema
financiero para mantener esa voluptuosidad de crédito produce una reacción en
cadena, que se extiende aguas arriba, ya que el sistema genera redes de
interdependencia, relaciones deudor-acreedor que lo equiparan a un castillo de
naipes en articulación y fragilidad. Al igual que cualquier deudor que no puede
cumplir con sus obligaciones para con los acreedores, los bancos más débiles
están bloqueados –no consiguen mantener el ritmo de entrada de fondos y, por
tanto, tampoco consiguen devolver el dinero a sus refinanciadores, sus
compañeros más acaudalados. Naturalmente, esto tiene una clara repercusión en
los indicadores de solvencia y rentabilidad de los bancos débiles, que se
manifiesta en el precio de las acciones, que tiende a ahuyentar a los
"inversores" y bloquear su actividad, lo que les expone a operaciones
de compra hostiles, provenientes de fondos de inversión o de pensiones
depredadores, ávidos de ganancias a corto plazo, basados en las
reestructuraciones, fusiones, reducciones de plantilla y despidos masivos.
Esta situación, por otra parte,
generalizada, llevó a varias quiebras de bancos, entre los que destaca Lehman
Brothers; a intervenciones de fondos del Estado como en el caso de Dexia o, en
Portugal, el caso de Banif; a la asunción de los "tóxicos" existentes
en la banca española por parte del Anglo Irish o del el célebre BPN. Estas
actitudes representan actitudes de amortiguación de los excesos del sistema
financiero para salvarlo, para evitar el desmantelamiento de este castillo de
naipes.
Pero esto resultó no ser suficiente.
Era necesario introducir más dinero en el sistema para rentabilizarlo y de
esto, en Europa, se encargó el BCE, cuando proporcionó medios a los bancos para
que estos los utilizaran en inversiones de alta remuneración. El BCE
proporciona liquidez a los bancos[6] a 0.25% y éstos,
teniendo en cuenta la anemia de las economías y los riesgos asociados a las
familias pobres y las empresas sin perspectivas de crecimiento, convirtió a los
Estados en grandes deudores, en muy pocos años. La fobia extendida por el BCE
de inflación inducida por el trauma alemán de la hiperinflación de los años
veinte es una mentira; es importante no tener inflación porque esta tiende a
reducir el valor real de la enorme liquidez en manos del sistema financiero
mundial.
En la siguiente tabla, se puede ver
que, excepto en el caso de Alemania, hay un aumento en la representación de los
bancos nacionales en el total de la deuda pública de los respectivos Estados,
constituida juntamente con el sistema bancario y que en la mayoría de los
países seleccionados excede el 70% del total en 2013. En el caso de Portugal,
la estabilidad de la deuda en manos de la banca entre los dos momentos revela,
sin embargo, un fortalecimiento del papel de los bancos portugueses. A su vez,
es bien evidente la fuga de los bancos no griegos de los valores de deuda
soberanos del país, en contra de las promesas realizadas para asegurar el apoyo
del FMI al préstamo de 2010[7], lo que
contribuye a la posterior fragilidad del país.
|
Dic-10
|
Jun-13
|
||
Total sistema bancario (M€)
|
Bancos domésticos (%)
|
Total sistema bancario (M€)
|
Bancos domésticos (%)
|
|
Alemania
|
406077
|
76
|
399128
|
72
|
Chipre
|
2105
|
59
|
2852
|
84
|
España
|
177568
|
78
|
199076
|
89
|
Francia
|
163044
|
61
|
149992
|
67
|
Grecia
|
80957
|
67
|
23061
|
99
|
Inglaterra
|
109523
|
83
|
127472
|
89
|
Irlanda
|
15512
|
66
|
21716
|
84
|
Italia
|
262185
|
59
|
274212
|
76
|
Portugal
|
34792
|
54
|
34238
|
71
|
Fuente primaria: Agencia Bancaria Europea
|
Este aumento de la financiación de
los bancos domésticos a sus Estados revela la demanda de rentabilidad y donde
sea posible un control directo sobre el deudor, sobre los inversores. En el
caso de Portugal, en 2013, a pesar del “colchón” los bancos nacionales no
impidieron las enormes pérdidas sufridas el último año[8].
Hay muy buenas razones para este
compromiso de los bancos. De hecho, incluso para el mismo tipo de interés, una
determinada cantidad de crédito otorgada por el sistema financiero a los
hogares y empresas siempre tendrá un mayor grado de riesgo para el banco
prestamista y la partición por millones de prestatarios, lo que requiere
mayores costes de control y gestión. Por otra parte, como hemos visto en el caso
de los swaps o, en constante rotación
de las mismas personas entre cargos políticos y en la dirección de los bancos,
hay una relación promiscua entre el sistema financiero y el Estado, con los
inversores, por corrupción, connivencia o ignorancia, muy abiertos a las
sugerencias de los vendedores de “productos” bancarios.
El sistema financiero también tiene
otras ventajas al ser un gran poseedor de deuda pública, especialmente en
tiempos de recesión económica cuando los negocios prometedores a financiar no abundan.
Una empresa en participación o una familia tienen activos y flujos de ingresos
y gastos limitados y cuotas; en una empresa, el uso del crédito depende de la
capacidad de gestión y del "mercado", mientras que en las familias
casi todo depende de la salud de sus miembros y de su sueldo, por lo que
resulta siempre un riesgo para los prestamistas.
Los Estados no tienen que presentar
un balance general, la valoración de los activos, porque no hace falta. Los
Estados tienen un privilegio especial, la capacidad de aumentar los ingresos
(impuestos, tasas, precios administrativos) sin contrapartidas directas y el
propio poder de expropiación, la arbitrariedad y la longevidad esencial en la
determinación de las rentas; por lo tanto, como deudores tienen una capacidad
infinita para pagar. Las llamadas bancarrotas, aunque no son raras en la
historia, nunca ponen en tela de juicio la existencia de los Estados deudores,
siempre asociados a una soberanía sobre un territorio, un pueblo, a una
capacidad de arrebatar rendimientos del trabajo o bienes privados. Un Estado
que determina el impago de la deuda, puede hacer frente a esto con maniobras y
con la solidaridad de la comunidad capitalista y de sus instituciones
políticas; pero, si se determinara que va a tener buenos resultados, como en el
caso de Ecuador o de Islandia, a diferencia de otros casos, es el propio
sistema financiero el que procede al hair-cut
(corte de pelo), para evitar males mayores, sobre todo de carácter sistémico
(Grecia, 2012).
Una ausencia aceptada de un riesgo
de impago asociada a la deuda pública tiene ventajas importantes para los
indicadores de salida de los balances bancarios. En lo que a la deuda privada
se refiere, los bancos consideran en su coste una parte de las provisiones,
para poder compensar casos de impago en un futuro; y la constitución de
provisiones implica un menor nivel de beneficios, de capital propio, lo que
puede obligar a los accionistas a llevar a cabo ampliaciones de capital. En el
caso de valores de deuda pública, se les asocia una seguridad absoluta de pago
y los bancos quedan exentos de hacer provisiones para esos valores, lo que
aumenta su rentabilidad. Como hemos visto, ¿no se tratarán en las leyes y reglamentos para ayudar al
sistema financiero? Quien manda escoge a las reglas de su casa.
En el escenario del sistema
financiero mundial, las agencias de rating
saben cómo influir en la percepción de los "inversores" sobre el
riesgo asociado a una deuda; tal y como saben cómo responder a los intereses
que los controlan. En una actividad en la que la información es volátil y en la
que la decisión tiene que ser rápida, no es factible el uso de miles de
operadores, que son reemplazados por potentes sistemas informáticos que
incorporan algoritmos sofisticados. Se requiere un nivel de confianza y de
credibilidad casi ciega en los oráculos de las agencias de rating; el mercado es un dios y exige fe.
Si un país tiene dificultades
sociales, económicas o financieras, nada mejor que un rating desfavorable para aumentar el interés exigido por los
futuros compradores de sus valores de deuda soberana. Para un banco, ¿habrá
mejor cliente que uno que no va a la quiebra, que paga intereses altos y cuya
casa frecuenta como si fuera la suya?
En el marco
europeo, en la zona euro, el BCE siempre intervendría a la hora de evitar el
contagio sistémico de un incumplimiento declarado por un estado miembro,
habiéndose incluso tirado un farol para presionar a los griegos, más precisamente. Recordemos aquí que Draghi
anunció la compra “sin límites” de la deuda soberana de los países
intervencionados para salvar así el euro[9], lo que causó una querella constitucional en Alemania[10]. Por otro lado, y teniendo em cuenta el carácter subalterno de los
burócratas con funciones gubernamentales en los países con dificultades,
resulta impensable que Passos, Rajoy o Samaras decretasen unilateralmente un no
pago de la deuda, para defender a sus respectivos pueblos.
Así, los Estados
se llenan de deudas a causa de los intereses elevados inherentes al alto riesgo
que no se ve reflejado en los balances de los bancos. Extraña contabilidad…
Esa situación es
aprovechada astutamente por los bancos, particularmente los domésticos, para
obtener buenas tasas de rentabilidad, inalcanzables con otros potenciales
deudores. Recientemente, se divulgó que las remuneraciones conseguidas por los
detentores de deuda pública portuguesa fueron de 9.62% en el 2013, aunque
resultasen aún más elevadas en el caso de España (11.41%), Irlanda (12.21%) y
de Grecia, con un espantoso 47.72%[11]; además, ya se había mencionado a finales del 2012, en el informe anual de
la CMVM referente al 2011 que “la deuda pública fue la inversión más rentable
de los últimos 10 años”[12]. Finalmente, también el Banco de Portugal - cuyos gobernadores son siempre
mayoritariamente (?) independientes - reveló el pasado noviembre en su Informe
de Estabilidad Financiera que "una parte significativa de las carteras de
títulos de las instituciones financieras está compuesta por activos nacionales,
especialmente de deuda soberana, que continua proporcionando niveles de
rentabilidad relativamente altos."[13]
Que de ahí
sobrevengan dificultades en la gestión de las cuentas públicas, es un tema de
importancia secundaria. Asimilar esas dificultades es la misión de las clases
políticas, los burócratas, las “concertaciones sociales” y los medios de
comunicación; y, gracias al acuerdo de todos ellos, suceden las
privatizaciones, los despidos, las alteraciones en las leyes laborales, los
recortes brutales en las prestaciones sociales de los Estados, la reducción de
pensiones, los retrasos en la edad de la reforma… Las troikas funcionan como los auditores asignados por los altos
representantes del poder financiero global para la supervisión de los gobiernos
nacionales en apuros. También, en este caso, se considera más ajustado mantener
un gobierno nativo de quitamanchas para desarmar los orgullos patrióticos de la
plebe, antes que elegir un gobernador-general tipo Beresford, un procónsul como
Bremer –a quien Bush colocó en Iraq– o cualquier gauleiter para la Lusitanienbezirk.
Sin embargo, se
ha incrementado el número de noticias que apuntan hacia un redimensionamiento y
aumento de control sobre la banca europea después de un largo período de apoyos
públicos, como se ha cuantificado en un estudio[14] reciente coordenado por un eurodeputado belga. Ese estudio revela que los
apoyos públicos al sistema financiero (asimilación de activos tóxicos,
nacionalizaciones, financiamientos) alcanzarán los 1,33 billones de euros, esto
es, mas de ocho veces el PIB portugués o el 10% de la UE. Hay, no obstante,
muchas dudas de que los burócratas comunitarios procedan, en efecto, a
profundas alteraciones profundas en el sistema.
A su vez, la EBA
(Autoridad Bancaria Europea, por sus siglas en inglés) seleccionó para
supervisar –utilizando los llamados tests de stress– los 124 bancos europeos que abarcan más del 50% de los
sectores bancarios domésticos. Los resultados deberán ser presentados en
octubre y el responsable de la supervisión bancaria europea avanza la idea de que habrá quiebras de bancos en corto plazo[15]. Del otro lado del Atlántico, en los EUA el gobierno federal podrá
quedarse sin margen para obtener más crédito[16] y tendrá que dejar de proceder los quantitative
easings con los cuales se financió hace varios años.
3 - Portugal –
Escenarios de continuidad en el pagamiento de la deuda
3.1 – La
continuidad pro-activa y radical (Hipótesis I)
En esta hipótesis
se tiene en consideración el fiel cumplimiento del plano de amortizaciones de
la deuda de medio o largo plazo divulgado por el IGCP (ver el anexo), para el
periodo 2014/21, sin reescalonamientos o recurso a nuevos débitos de medio o
largo plazo, que tengan impactos en el volumen de los reembolsos previstos. Eso
será muy poco probable dado el gran esfuerzo inmanente en aquel plano para la
empobrecida economía portuguesa y para el conjunto de la población, mayormente
trabajadores, desempleados, jubilados y pobres en general.
Por otro lado, se
realizó recientemente una operación de emisión de deuda, a pagar en el 2024
pero, para con el fin de satisfacer los compromisos de este año, con una tasa
con poco aliciente, del 5,112%, durante diez años, lo que provocó festejos en
el área de gobierno, porque el “mercado” se mostrará receptivo (!), –dado que
la reanudación será visible–, que habrá reconocimiento ante el esfuerzo de
los portugueses (¿de todos?), etc. De
hecho, con tasas como aquellas y el BCE como garantía última, el negocio no es
malo para los acreedores; nótese que el tipo de interés implícito en el total
de la deuda (todos los plazos) fue del 3,7%
el año pasado contra un 4,4% en 2012.
El gráfico
siguiente contempla el peso en el PIB de las amortizaciones de la deuda, a
medio o largo plazo, además de los intereses de toda la deuda y el esfuerzo exigido, correspondiente a la suma del capital
prestado y de los intereses vencidos (el servicio de la deuda) que representa
la renta que es preciso desviar para la satisfacción de los acreedores. El
problema se podría disminuir si para la amortizaciones de la deuda se
utilizasen reservas de dinero pre-existentes –y que en este momento
garantizarían un año de pagos del plan de IGCP– o el producto de las
privatizaciones, como el de TAP (aunque a largo plazo haya muchas dudas sobre
las ventajas de la alienación de la compañía). Fuera de esas situaciones
ocasionales, el pago del servicio de la deuda exigirá un superavit externo de
igual dimensión; o de lo contrario el rendimiento global tendría que disminuir,
sabiéndose de antemano quienes serán los sacrificados por los gobiernos.
Gráfico 1
Excluyendo las
excepciones anteriores, ese esfuerzo de pago del servicio de la deuda
(amortización de capital e intereses) varía entre 12,4% del PIB en 2016 y 8,8%
en 2021, cifrándose el valor de la deuda en cerca de 105.000 millones de euros
en 2021, contra los 205.252 millones al final de 2013, según las cuentas del
IGCP. Teniendo en cuenta el importe de la deuda calculado para 2021, eso significaría
el cumplimiento de las exigencias del Tratado sobre Estabilidad, Coordenación y
Gobernación (deuda pública al nivel del 60% del PIB). Así, el rendimiento
nacional previsto (PIB), tras deducir el servicio de la deuda, quedaría
estancado durante la mayoría de los años venideros, aún admitiendo algún
crecimiento económico, como se indica en el anexo:
Rendimiento disponible
cumplido el servicio de deuda, por habitante (€)
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
Disponible tras del servicio de deuda
|
14.546
|
14.746
|
14.748
|
14.685
|
14.859
|
15.366
|
15.465
|
15.796
|
Servicio
de deuda
|
1.828
|
1.758
|
1.888
|
2.084
|
2.044
|
1.673
|
1.710
|
1.516
|
% de rendimiento bruto
|
11,2
|
10,7
|
11,3
|
12,4
|
12,1
|
9,8
|
10,0
|
8,8
|
En este contexto,
cabe hacerse varias preguntas. ¿Con qué margen se podrá llevar a cabo la
mejoría de la vida de las personas? ¿Cómo se espera proceder a un alivio alguno
de la lógica de la austeridad? ¿Si se mantiene esta situación habrá esperanza
de acabar con la austeridad y los recortes? ¿Acaso su continuidad no haría
inviable, aún más en los próximos años, la existencia diaria de gran parte de
los residentes en Portugal? Y si fuese
así, continuaría toda la deuda considerándose como legítima? ¿En qué sistema de
valores, que no sean los de la barbarie y el genocidio, encuadraría ésto?
La adopción, en
septiembre, de nuevas reglas de contabilización europea llevará a incluir en la
deuda pública[18] Parpública y otras empresas afines –destacando la célebre Parvalorem– así
como las EPE y algunos de los preciosos reguladores, cuya actuación consiste en
ayudar a los grandes grupos económicos.
El aumento resultante de esto colocará la deuda en unos 242.000 millones
de euros (cerca del 147% del PIB). Así, las responsabilidades financieras de
aquellas entidades ya hoy contenidas en la esfera estatal, al ser consideradas
en el ámbito de escrutinio de la deuda por la UE, incrementarán la presión
sobre las finanzas públicas y, como es habitual, aumentarán la presión
gubernamental, por parte de la Comisión Europea y del BCE (la troika cerrará el comercio en mayo) para
nuevos recortes e impuestos sobre trabajadores, jubilados y funcionarios
públicos. Este reajuste de la contabilidad va, por lo tanto, a empeorar los
indicadores de la deuda pública e incentivar el reajuste a la baja de los
salarios y demás rendimientos de la mayoría de la población. La austeridad
futura será ciertamente más desgarradora que la reciente y, ya se verá, encontrará
la misma rabia resignada entre los portugueses, sin expresión política.
Para que el
cumplimiento de esta hipótesis se verificase, la tasa de crecimiento de la
economía portuguesa tendría que superar la parcela del PIB asociada al pinchazo
del servicio de la deuda. Eso significa que hasta el 2021 el PIB tendría que
crecer por encima de la tasa de esfuerzo incluída en el gráfico 1, la cual sólo
a partir del 2019 podría ser inferior al 10%. Estas tasas son excepcionales,
como en el contexto chino, donde el PIB consigue subir debido a la construcción
de ciudades que nadie habita (en España también se observó lo mismo, aunque a
menor escala) y un ritmo de exportación solo posible con bajos salarios,
jornadas de trabajo extensivas, cortos períodos de vacaciones, deficientes
condiciones de trabajo y alojamiento, trabajo clandestino y
desprecio por la calidad del ambiente. Es poco probable que Portugal se
transforme en otra región china, sino que está en
proceso de transformarse en un área periférica de salarios bajos, habilitada
para exportaciones de menor valor hacia el centro de la UE[19].
Ni siquiera
Passos, con su mezcla habitual de desplantes e ignorancia sería capaz de
admitir que algo semejante sea posible.
3.2 – Continuidad proactiva amortiguada (Hipótesis
II)
En este caso, se observa un cumplimiento estricto del plan de
amortización de la deuda a medio o largo plazo elaborado por la Agencia de Gestión de Tesorería y Deuda
Pública (IGCP en sus siglas en portugués) para el período comprendido entre los
años 2014 y 2021, con recurso parcial a la adquisición de deuda adicional por
un valor equivalente a la mitad de los totales de amortización.
Con frecuencia, los Estados llevan a cabo operaciones para la
obtención de crédito con el fin de pagar otros créditos que bien están cercanos
a vencer, bien están sujetos a condiciones menos favorables, lo que supone a su
vez el pago de comisiones extra. Durante la operación de canje de deuda llevada
a cabo el pasado diciembre, el gobierno, con el objetivo de aplazar pagos del
período 2014-2015 (años de elecciones…) al período 2017-2018, pagó 134 millones
de euros en incentivos a los titulares de los créditos[20].
Más allá de las ventajas que este tipo de operaciones puedan traer
desde el punto de vista de la gestión del tesoro, cualquier aplazamiento de los
pagos, incluso si no conllevara cambios en el tipo de interés y otras cuotas
suplementarias, tiene como consecuencia un aumento en el servicio de la deuda
acumulado[21].
La realidad para el período de tres años representado en el gráfico 2
(2011-2013) pone de relieve que las nuevas deudas han sido más numerosas que
las amortizaciones de las deudas ya existentes. De esta forma, los beneficios
de la actuación de la todopoderosa troika
y del deficiente gobierno de Passos/Portas (asesorado y supervisado por el
“sabio” Cavaco), no se dejan notar.
Gráfico 2
Fuente principal: IGCP
Desde el punto de vista de alguien que no pretende engañar a la
ciudadanía, ésta es una mala opción
cuyas consecuencias son prolongar el período de endeudamiento y permanecer a
merced de los acreedores por más tiempo. Desde el punto de vista de alguien que
no tiene nada que ver con la deuda pero que se ve obligado a pagarla
sacrificando su calidad de vida, esto quizá alivie momentáneamente el
empeoramiento de la primera[22],
pero de hecho, supone un aumento de los intereses adeudados y una prolongación
indefinida del tiempo que tendrá que someterse a los sacrificios impuestos.
Incluso si se incurriera en un esfuerzo económico mucho menor del
propuesto en la Hipótesis I, el crecimiento anual del PIB necesario para
cumplir con dicho plan (gráfico 3) seguiría siendo demasiado elevado (entre un
6,6 y un 8,5% de crecimiento), de forma que la deuda contabilizada por el IGCP
para el final del período rondaría los 155 mil millones de euros. La reducción
de la amortización de capital, por medio del aplazamiento de pagos hasta
después del año 2021 (tal y como trató de hacer el gobierno el 11 de febrero),
constituye un alivio más de la deuda, que se ve compensado parcialmente por el
aumento de los intereses adeudados. Como puede observarse en el gráfico 3,
incluso en el caso de postergar la cancelación de la deuda del año 2022 en
adelante (cerca de 50 mil millones de euros, aproximadamente una cuarta parte
de la deuda actual), no es realista suponer que se conseguirán tasas de
crecimiento similares a las mostradas en dicha gráfica. Estaríamos
presuponiendo un panorama económico equivalente al de China o algunos países
africanos. Este crecimiento no es realista, y menos aún
teniendo en cuenta a una población en proceso de rápido envejecimiento,
debido al volumen de personas nacidas en la época del “baby boom”, y el flujo
de salida del país de aquellos jóvenes que no tienen oportunidades de encontrar
un trabajo decente en Portugal, país en el que reina una clase empresarial
necesitada de apoyos estatales, absolutamente incapaz, e, históricamente,
generadora de subdesarrollo[23].
Gráfico 3
Un ejemplo como este, moderado en cuestión de exigencias prácticas de
amortización de deuda, contempla un descenso del valor total de la deuda, cosa
que no se ha conseguido, a pesar de las pautas de gobierno establecidas por la troika, que incluyen la aplicación de un
extenso plan de recortes y el empeoramiento del nivel de vida para la mayor
parte de la población. En el gráfico se puede observar que, de no obtenerse una
tasa de crecimiento del PIB elevada, sólo se podrá reducir la deuda a costa de
un empobrecimiento relativo aún mayor. Los cálculos para esta hipótesis, que
incluyen un alivio en los pagos de deuda, en comparación con la Hipótesis I,
que contempla un pago acelerado, ponen de relieve también el estancamiento del
rendimiento previsible para los ciudadanos portugueses. Además se demuestra que una reestructuración
de la deuda, al igual que una renegociación entre caballeros, en el sistema
financiero existente, no se traduce en consecuencias positivas en la vida del
ciudadano de a pie.
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
Disponible tras servicio de deuda
|
15.077
|
15.243
|
15.311
|
15.346
|
15.501
|
15.823
|
15.941
|
16.176
|
Servicio de la deuda
|
1.296
|
1.261
|
1.326
|
1.423
|
1.402
|
1.216
|
1.234
|
1.136
|
% de rendimiento bruto
|
7,9
|
7,6
|
8,0
|
8,5
|
8,3
|
7,1
|
7,2
|
6,6
|
Este caso evidencia, con una cuantificación únicamente ilustrativa, la
continuidad de lo que el gobierno ha hecho en la práctica, esto es, una
reestructuración de la deuda en el ámbito del “mercado” sin en ningún caso
renegociar formalmente con los acreedores. El gobierno hace malabares con los
plazos de cancelación, sustituye títulos, y esto no siempre con resultados
interesantes en términos de tasas de interés. Es lo que en términos
futbolísticos se denomina tirar la pelota fuera del campo.
3.3 – Continuidad proactiva prolongada (Hipótesis III)
Esta tercera hipótesis se basa en la reformulación del plan de
amortización de la deuda a medio o largo plazo elaborado por la IGCP (ver
anexo) para el período 2014-2021 a un período de 30 años (hasta 2044).
Ésta es otra salida que tampoco equilibra las fuerzas entre la
población y el capital. Es una salida que no da un golpe de efecto al capital,
que mantiene al país bajo el yugo del sistema financiero, ya que se apoya en el
pago de intereses y supone la prolongación en el tiempo del azote de la
austeridad sobre la población. Se trata más bien de una rendición pacífica a
los dictámenes del capital, que benévolamente aceptaría alargar el plazo de
pago, lo que, a la larga, derivaría en un aumento de los intereses, dada la
incertidumbre de los “mercados de capitales”, así como en una menor
disponibilidad de créditos y otros beneficios en la misma línea. Dicho sea de
paso que Passos ya ha admitido que la deuda tendrá que pagarse durante 20 o 30
años[24],
de modo que en esta hipótesis se incluye además una versión basada en la
franqueza de nuestro querido Passos.
En este caso se supone, por otra parte, que la economía portuguesa
seguirá estando polarizada en la cancelación de la deuda y que no será
necesario recurrir a nuevos préstamos durante los próximos 30 años. Aunque sea
del todo inverosímil, esto ayuda a comprender cuáles son los verdaderos costes
financieros y sociales de la deuda actual. En dicho proceso de reescalonamiento
de la deuda tan sólo se incluye el total de los compromisos actuales a pagar
entre los años 2014 y 2021, pagos que se dividen en 30 años, de forma que el
IGCP proporciona información sobre la deuda que habrá que pagar después del
período mencionado.
Esta forma de distribuir la deuda a largo plazo durante 30 años reduce
el esfuerzo necesario para su cancelación entre 2014 y 2021, siempre y cuando
se disminuya la cantidad a amortizar gracias a las mínimas variaciones de las
tasas de intereses mencionadas en la Hipótesis II. Sin embargo, esta tercera
simulación exigiría un crecimiento del PIB por encima del 6%, ¡y no olvidemos
que se prolongaría hasta el año 2044!
Gráfico 4
No es del todo plausible esperar un crecimiento económico tan elevado
durante un período de tiempo tan prolongado, por lo que incluso esta hipótesis
de reescalonamiento, que ha recibido algunos apoyos por parte de la izquierda
del gobierno luso, no es viable desde el punto de vista económico, además de
ser desastrosa desde el punto de vista social, e indefendible desde el punto de
vista del político. En vista del rendimiento disponible tras el cumplimiento
del servicio de la deuda, queda patente que éste
condena a los ciudadanos de Portugal a
vivir en una situación de estancamiento económico, lo cual tiene un impacto aún
más preocupantes para la población activa, víctima del sistema político que
promulga el mantenimiento e incluso el aumento de las desigualdades y la
acumulación de riqueza entre los sectores más pudientes.
Rendimiento disponible una vez cancelada la
deuda, por habitante (€)
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
Disponible tras servicio de deuda
|
15.289
|
15.433
|
15.577
|
15.722
|
15.8.68
|
16.016
|
16.164
|
16.314
|
Servicio de la deuda
|
1.084
|
1.072
|
1.059
|
1.047
|
1.035
|
1.023
|
1.011
|
998
|
% de rendimiento bruto
|
6,6
|
6,5
|
6,4
|
6,2
|
6,1
|
6,0
|
5,9
|
5,8
|
Si los rendimientos generados por una economía, como muy poco,
estancada, se emplean para pagar a los acreedores, esto es, a las instituciones
financieras, ¿podemos esperar que el capital sobrante se utilice para frenar la
destrucción de empresas o el aumento del desempleo?, ¿ayudará a estabilizar los
salarios, los derechos de los ciudadanos, tal y como asegura el gobierno?
4 – Evaluación de las partes de la deuda
En las hipótesis aquí presentadas, y teniendo en cuenta la situación
actual, se ha considerado que el pago a “los acreedores” es prioritario en el
desempeño económico del país, para así conservar la presencia en los
“mercados”. Y también se comprobó que no hay signo alguno de que tan
“patriótica” empresa sea posible. La ansiedad de las huestes gubernamentales es
tal que caen en la propaganda más infantil en lo que al estado de la economía
se refiere: el desempleo disminuye, el PIS crece, la exportación se dispara…
Entre tanto delirio puede hasta aparecer un ministro que, después de unas
cuantas cervezas, hable de milagro económico, de la misma manera que Nero
recitaba sus poemas ante una Roma en llamas.
Satisfacer las imposiciones de los acreedores no debe ser en modo alguno
nuestra prioridad. Fueron personas sumisas las que aceptaron el Memorándum de
Acuerdo (o alguna de las varias revisiones llevadas a cabo por los gobiernos).
Personas domesticadas dentro de un sistema financiero que aceptaron un pacto
leonino del que subyace un chantaje evidente. Las personas que firmaron esos
documentos, no tuvieron en ningún momento la aceptación previa de la población,
a quien se debería haber consultado, dado el enorme y desastrosos impacto que
estos suponían para la sociedad. Las imposiciones de la troika se han
convertido en un manual de destrucción social regresiva, que, de facto,
sustituye a la constitución. Y dichos firmantes ni siquiera incluyeron los
enormes sacrificios de la población en su agenda electoral en 2011. De esta forma,
sus actos pueden considerarse flagrantemente ilegítimos, lo que confirma que
vivimos en una pantomima de democracia.
En condiciones normales, ninguna persona acepta convertirse en deudor de un préstamo que no le reporta ningún
beneficio, sino que, al contrario, le supone una carga y le empobrece. En un
contrato de dos partes, el acreedor tiene derecho a cobrar intereses, pero no a
interferir en todos los asuntos del deudor, y determinar su camino. A menos que
el deudor se declare insolvente y se preste a una situación de esclavitud.
El artículo 55[25]
de la Carta de las Naciones Unidas establece que “con el propósito de crear las condiciones
de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas
entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de
derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización
promoverá: a)niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y
condiciones de progreso y desarrollo económico y social; b)La solución de
problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros
problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y
educativo”. Siendo el FMI una agencia de la ONU, y teniendo en cuenta que no
cumple con el precepto expuesto anteriormente, podemos concluir que actúa de
forma ilegítima. Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56
del mismo documento, “todos los Miembros
se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la
Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo
55”. La cuestión, llegados a este punto, es saber qué poder efectivo tiene la
ONU frente al FMI.
El artículo
103º de la misma Carta estableció que «en
caso de conflicto entre las obligaciones de los miembros de las Naciones Unidas
en virtud de la presente Carta y las obligaciones resultantes de cualquier otro
acuerdo internacional, prevalecerá las obligaciones asumidas en virtud de la
presente Carta». De esto se deduce
que “los actos de sumisión a la troika firmados por los gobiernos y los
partidos de la oposición son ilegales”, así como los actos resultantes del carácter sumiso de los burócratas portugueses
hacia el sistema financiero global.
Otro texto, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), determina en su
artículo 1º que «todos los pueblos tienen el derecho a
la autodeterminación. En virtud de este derecho pueden establecer libremente su
condición política y, así, ordenar disposiciones para su desarrollo económico,
social y cultural.» Como se ha visto, no hay ni habrá
una soberanía portuguesa, en el área financiera, que llegue a ser determinada
por la Comisión Europea y por sus ejecutantes lusos.
Finalmente, el
artículo 1º del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales dispone que «todos los pueblos tienen
el derecho a disponer de ellos mismos. En virtud de este derecho, éstos
determinan libremente su estatuto político y aseguran libremente su desarrollo
económico, social y cultural.”
Se considera que la satisfacción de las necesidades de
los pueblos, mayormente de su población trabajadora, constituye el elemento más
importante en la definición de los objetivos de una comunidad. La existencia,
en un Estado, de una clase política y de los
capitalistas es siempre un estorbo, y eso es evidente en todos los
procesos de empobrecimento colectivo a los que se ha asistido en los últimos
años, así como en la ausencia de escrúpulos de aquellos que se denominan
representantes preocupados por la defensa de millones de personas.
Cualquier solución que anteponga la satisfacción de las
necesidades de los habitantes de Portugal, pasa por una declaración de no pago
de la deuda actual – y a la cual habrá
que sumarle una cuota sustancial – a la que le seguiría una evaluación de
aquella deuda que se considera legítima y socialmente sostenible.
Convendrá tener presente que la defensa de la anulación
de parte de la deuda exige una posición fuerte en la negociación, que contemple
las reivindicaciones necesarias para una supervivencia digna de las personas
que residen en Portugal. Esa posición nunca saldrá del actual gobierno, o de un
gobierno igual encabezado por el PS; tampoco de cualquier actitud protagonizada
por la fracción izquierdista del pentapartido, abultada con los grupos
estériles interesados en la conquista de lugares en Estrasburgo.
La respuesta exige un ordenamiento político muy distinto
del actual en Portugal, como una gran movilización social, además de un acuerdo
satisfactorio con los otros países
acosados por la intervención de la troika,
acuerdo que nunca existió hasta ahora, a pesar de la proximidad ideológica
entre las bandas en el poder en Portugal, España, Italia, Grecia, Chipre e
Irlanda.
Una evaluación realista y actualizada (con la inclusión
de deuda relativa a las empresas públicas, responsabilidades en el ámbito de
PPP y otros[26]) de la deuda pública y de su composición[27] es la que consta en el gráfico siguiente.
gráfico 5
De esa deuda (cerca de 242.000
millones de euros):
·
29.3% del total (72.051
millones de euros) está en posesión del FMI, del Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera (FEEF) y del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF)
La cuantía del reembolso de esta deuda se sentirá más
dramáticamente a partir de 2016. La experiencia internacional ha mostrado que
el FMI condona la deuda sólamente en casos especiales – Haití y Liberia, como
resultado del terremoto y de la guerra, respectivamente – aunque haya llegado a
proponer a la UE la condonación de la deuda griega[28], en una inusual expresión pública sobre la gravedad de la situación. En el
ámbito de las instituiciones europeas la condonación de la deuda no sería bien
acogida tanto por los gobiernos como por los habitantes de los países del
Centro comunitario, especialmente los de Alemania.
No hay que excluir la reducción de los tipos de interés,
aunque más tarde el FMI y la UE se vean presionados para conceder este
beneficio a todos los países intervenidos.
En junio del 2011 los FEEF/MEEF redujeron los intereses para que se
equiparasen a sus costos de financiación (eran inicialmente un 2% más elevado),
quedándose en un 2.4% (FEEF) y un 3% (MEEF). En el marco de hair-cut de un país en graves apuros,
una reducción en los tipos de interés tendría como efectos también el
incremento del coste de la refinanciación de los bancos portugueses y del
crédito obtenido por las empresas (un 6.2% de tipo de interés, contra un 3.8%
de media en la zona euro), tradicionalmente con elevado peso de la función
financiera en el valor incrementado. A las instancias acreedoras les
interesaría favorablemente que el valor correspondiente a la pérdida de
intereses afectase a las inversiones de carácter social pero no a la
disposición del capital financiero de las bandas afiliadas.
En una visión a largo plazo, se podrá obtener un
reescalonamiento en la amortización de la deuda, aliviando su relevancia en el
total de los reembolsos durante el periodo 2016/21. En junio de 2013 el binomio
FEEF/MEEF extendió el plazo de pago, pasando de 12.5 a 19.5 años, con el inicio
de los reembolsos a partir de 2025. Con respecto a la deuda con el FMI (23.873
millones de euros), cuyo reembolso se concentra entre 2015 y 2023, se puede
abordar un reescalonamiento, por ejemplo para 20 años (1.194 millones de euros
por año).
Con todo, se podrá defender que las contrapartidas para
este préstamo no se ceñirán al pago de intereses sino que incluirán medidas
desastrosas y precipitadas en función de los objetivos declarados en el ámbito
del Memorándum, incluyendo una cuota de 12.000 millones de euros para la
recapitalización de los bancos lusos, cuya responsabilidad debería caer sobre
sus accionistas y no sobre el Estado; y aún menos la imputación de esas
responsabilidades a la población. Los costes sociales y económicos de la
desestructuración causada por la troika, que obviamente no detiene a sus
mandatarios locales, deberán ser imputados al FMI y a la UE, como otorgantes de
tal Memorándum.
·
El 9.5% de la deuda
resulta de las compras efectuadas por el BCE (23.100 millones de euros) en el
mercado secundario para garantizar que las emisiones de deuda tuvieran éxito;
una especie de “intervención divina” para los ministros de finanzas en
Portugal.
El BCE podrá anular esta deuda una vez que su
intervención se encasille, esencialmente en la defensa de la estabilidad del
euro y no específicamente para ayudar a los portugueses en sus vidas. Como
banco central, esa anulación no tendría efectos que no se registrasen en el
balance del BCE y debería extenderse a otros países intervencionados, en el
seno de un acuerdo conveniente a los interesados. La defensa de no pago de esta
tajada se inserta, actualmente, en la respuesta de la justicia alemana, a la
afirmación de Draghi, sobre el apoyo sin límites a los países endeudados para
salvar el euro.
Nótese que la mayor tajada de deuda pública que detenta
el BCE es con relación a Portugal, ligeramente mayor que la de Grecia.
·
El 8.9% (21.450 millones
de euros) están registrados en billetes del Tesoro portugués.
Son títulos de corto plazo con tipos de interés bajos[29] subscritos por entidades sin otro objetivo que no sea el juego
especulativo, sin contrapartida alguna a exigir al Estado portugués. Los bancos
portugueses retienen cerca de la mitad de este tipo de deuda (11.700 millones
de euros). Tratándose de una deuda a corto plazo, no es objeto de
reescalonamientos.
·
El 8.9% (21.450 millones
de euros) incluye la deuda no consolidada de empresas públicas o que no hayan
sido consideradas por el IGCP en el importe oficial de la deuda. Su inclusión a
partir de septiembre resultará en nuevas reglas contabilísticas que obviarán
las maniobras presupuestarias[30].
En los procesos de recuperación de empresas, las
instituciones deudoras son habitualmente llamadas a reducir substancialmente
sus créditos. Ya que está tan a la moda la equiparación entre el Estado y las
empresas, en el contexto de gestión neoliberal, hay que considerar la
solidaridad de estos acreedores en el contexto de una reducción de la deuda
soberana.
En este volumen están incluidas las empresas de
transportes y, especialmente, la famosa Parpública que tiene una deuda de unos
5.100 millones de euros, sus afiliadas, Sogestamo y Estamo, producto de la
llamada “empresarialización” de funciones del Estado, al cual permite la turbiedad
del déficit presupuestario, la “agilización de los procesos” en la gestión y la
colocación de burócratas como gestores bien pagados, fuera de los márgenes de
la administración pública común.
Aquí estarán englobadas también las PAR’s (Parvalorem,
Parups y Parparticipadas) todas pertencientes al Estado y que funcionan como
bancos malos donde reposan los restos del BPN; los cuadros de Miró, por
ejemplo, pero también, muchos incobrables. En este ámbito y en una operación de
reparación tardía –la tomadura de pelo que fue la nacionalización del BPN por
el gobierno de Sócrates (que no englobó a la SLN)– la expropiación del grupo
Galilei –cirugía plástica de la SLN para aliviar el peso de los tóxicos
heredados del BPN y almacenados en las referidas PAR’s– goza de toda
legitimidad.
·
El 14.3% de la deuda
total (34.650 millones de euros) se corresponde a títulos, valores atrasados,
responsabilidades en el ámbito de las PPP y deuda no negociables.
También aquí el recorte se puede hacer sentir
extensamente. En el caso de los beneficiarios de las PPP, la deuda tiene un
valor de alrededor de 16.000 millones de euros ( 11.000 millones a pagar antes
del 2021), pero su situación es bastante frágil ya que los contratos de
concesión configuran situaciones auténticas de fraude, en el marco de las
cuales caben responsabilidades criminales y financieras por parte de quién los
asignase desde el gobierno. Nada debe obstaculizar que sean anulados o que las
empresas concesionarias sean objeto de expropriación, si en Portugal existieran
instituciones verdaderamente democráticas, surgidas del pueblo.
En el capítulo de los certificados de ahorro (10.000
millones de euros a finales del 2013), la gran mayoría de sus subscriptores son
personas que confiaron al Estado sus pequeños ahorros, no capitalistas,
codiciosos y especuladores; a no ser que los subscriptores tengan enormes
fortunas en certificados de ahorro, lo que es poco probable, y no justifica la
penalización de estas personas.
·
El 29.3% de la deuda
(70.950 millones de euros) tiene entidades privadas como acreedores.
En junio del 2013, la porción
correspondiente a los bancos no domésticos era de 9.800 millones de euros y a
los bancos domésticos era alrededor de 15.600 millones de euros.
Los bancos portugueses tienen las mayores
responsabilidades – tanto en la desestructuración de la economía portuguesa
como en el desarrollo de la corrupción generalizada[31]– por financiar un mercado inmobiliario muy por encima de las capacidades
de absorción por parte de una población relativamente estable, por la
especulación de los precios por habitación[32], por el aprovechamiento de los bajos tipos de interés desde mediados de
los años 90, sin aplicación productiva[33], por el modo como la clase política supervisara (conjuntamente con las
empresas constructoras) la realización de obras públicas excesivas o inútiles,
por la concesión de beneficios fiscales para tal efecto y por una fiscalidad
tan socialmente distorsionada como permisiva del fraude y la evasión[34].
Por otro lado, y para completar este cuadro, los bancos
portugueses, después de este proceso de empobrecimiento en curso, apenas
alteraron su comportamiento nocivo. El BCE contribuyó con financiaciones a
largo plazo un equivalente cercano al 9% de los activos de los bancos
portugueses; pero, aplicaron, obviamente, esos medios en la especulación
(incluyendo sobre la deuda soberana portuguesa) y no en la llamada economía
real. No obstante, sería ingenuo esperar que los bancos viniesen a ayudar a las
empresas cuyo excesivo endeudamiento han promovido en las últimas décadas, en
un contexto de crisis económica y de disminución del poder adquisitivo.
A finales del 2012, el total de las provisiones
establecidas por el sistema bancario portugués era de 9.657 millones de euros y
sus capitales propios correspondían apenas al 6.2% de activos, situación que en
cualquier otro sector de actividades es impensable pero que, en la banca, no es
considerado como un indicador alarmante. Esto significa que la banca puede
contribuir a un recorte con un equivalente a su total de provisiones; a partir
de este punto, o los accionistas suministrarían los ingresos para remediar la
diferencia, o habría una expropiación, con la gestión colectiva del sistema
bancario, lo que tendría que ser precedido de una gran transformación política
y económica en Portugal y en Europa o, al menos, en la Península Ibérica, una
vez que una salida nacionalista o aislada para la crisis es poco viable e
incluso inconveniente, ya que traería en su regazo un nuevo fascismo.
El cumplimiento de los criterios de Maastricht permitía
una deuda pública no superior al 60% del PIB[35], y eso fue incorporado en el apartado d) del artículo 3º del Tratado sobre
Estabilidad, Coordenación y Gobierno.
En ese contexto, los 242.000 millones de euros de deuda
que se han considerado en este punto, para el año actual, se tendrá que
comprimir hasta quedarse en apenas unos
100.000 millones de euros; es decir, habrá que anular al menos unos
142.000 millones de euros para concluir la supervisión financiera de la Comisión
Europea, establecida en el Tratado referido anteriormente y que, a día de hoy,
se prevé que durará décadas.
A modo de ejemplo, un ensayo de recorte de valor de deuda de alrededor de
142.000 millones de euros para una deuda pública inferior al 60% del PIB podría
seguir el siguiente esquema:
Tipo de acreedores
|
Nivel de recorte de valor de deuda (%)
|
Valor de anulación (millones de €)
|
FEFF, MEEF y
FMI
|
50
|
36.000
|
BCE
|
100
|
23.000
|
Acreedores de
empresas públicas *
|
50
|
11.000
|
CPP
|
100
|
16.000
|
Otros, incluyendo
montos vencidos
|
50
|
4.000
|
Bancos portugueses
|
75
|
11.700
|
Bancos extranjeros
/ otros especuladores
|
75
|
41.500
|
Total
|
|
143.200
|
* incluyendo la expropiación del grupo Galilei
Para el resto de la deuda se pueden considerar tres variantes, teniendo en
cuenta para todas ellas que 2014 no tiene grandes cambios respecto de las
hipótesis de continuidad:
A - Amortización de la
deuda de 100.000 millones de euros en 30 años con un tipo de interés medio
similar al registrado en el año en curso (3,69%);
B - Amortización de la
deuda de 100.000 millones de euros en 30 años con un tipo de interés medio
reducido al 2,5%;
C - Amortización de la
deuda de 100.000 millones de euros en 50 años con un tipo de interés medio
reducido al 2,5%;
y suponiendo, como en casos anteriores, que no hay recursos para los
créditos a medio y largo plazo que conduzcan a incrementos netos de la deuda o
a reducir el ritmo de su declive.
Gráfico 6
Renta disponible
una vez cumplido el servicio de deuda, por habitante (€)
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
Variante A
|
||||||||
Disponible tras
el servicio de deuda
|
14.517
|
15.999
|
16.136
|
16.274
|
16.413
|
16.553
|
16.695
|
16.837
|
Servicio de deuda
|
1.856
|
505
|
500
|
495
|
490
|
485
|
480
|
475
|
%
de la renta bruta
|
11,34
|
3,06
|
3,01
|
2,95
|
2,90
|
2,85
|
2,80
|
2,74
|
Variante B
|
||||||||
Disponible tras
el servicio de deuda
|
14.517
|
16.071
|
16.208
|
16.345
|
16.483
|
16.622
|
16.763
|
16.904
|
Servicio de deuda
|
1.856
|
433
|
429
|
424
|
420
|
416
|
412
|
408
|
%
de la renta bruta
|
11,34
|
2,62
|
2,58
|
2,53
|
2,49
|
2,44
|
2,40
|
2,36
|
Variante C
|
||||||||
Disponible tras
el servicio de deuda
|
14.517
|
16.174
|
16.308
|
16.443
|
16.580
|
16.717
|
16.855
|
16.995
|
Servicio de deuda
|
1.856
|
330
|
328
|
326
|
324
|
322
|
320
|
318
|
%
de la renta bruta
|
11,34
|
2,00
|
1,97
|
1,94
|
1,92
|
1,89
|
1,86
|
1,84
|
5 - ¿Cómo salir de esta?
Como puede verse a partir de este ejercicio, incluso habiendo cumplido las
normas de la UE después de un extenso recorte de valor de la deuda, se acabará
exigiendo un crecimiento basado en la formación de renta durante décadas y solo
para el pago de la deuda restante, lo que contrastará con el anémico ritmo de
la creación de riqueza a nivel europeo y las desigualdades que lo acompañan.
Incluso en este contexto optimista en términos de finanzas públicas, ese
crecimiento del PIB no permite ilusiones acerca de una salida del
empobrecimiento o la generación de algún bienestar para los residentes en
Portugal, como se demuestra arriba, para los niveles estimados de renta
disponible per cápita.
Hay que ir mucho más allá:
· El mismo hecho de concretizar un gran plan de recorte de valor de deuda no
es algo fácil de lograr, especialmente con gobiernos de tipo PSD/PS, con o
sin el toque personal de Portas y sus ayudantes de campo. Esa concretización le
exigirá quedarse fuera de escena y le requerirá también un nuevo marco democrático
de organización política donde la población pueda intervenir y ser un sujeto
activo en la definición de sus intereses;
· Ese gran plan de dura confrontación con el capital financiero y sus
instituciones - FMI, BCE, Comisión Europea... - tiene menores probabilidades de
éxito si se limita a un país pequeño y periférico, empobrecido y subordinado,
por mucho que les emocione a nacionalistas nostálgicos de Aljubarrota,
fronteras e himnos patrióticos. Es crucial que haya cambios sustanciales en la
misma dirección democrática y de repudio del sistema financiero y de sus
instituciones en el seno de varios países, sobre todo en la periferia sur y
este de la UE; para Portugal sería esencial una conexión con España;
· La consolidación de estos cambios en el sistema político nacional y su
integración dentro de un marco internacional regional de solidaridad para el
cumplimiento de las necesidades de los pueblos será insuficiente si no hay
cambios profundos en la estructura y organización de los recursos materiales,
naturales y de mano de obra;
· Los cambios profundos en las desigualdades
deben ser radicales para ser coherentes, duraderos e inmunes a los golpes de
una clase política que solo pretende aparecer en los libros de historia como
fruto de los cambios en la organización política y del sistema de
representación;[36]
· Esa radicalidad debe corresponderse con un claro rechazo al capitalismo y,
por lo tanto, con la extinción de la especulación financiera y la apropiación
privada del producto del trabajo, centrando la actividad humana en satisfacer
las necesidades de todos y cada uno de manera autogestionada, aprovechando las
múltiples opciones que nos proporcionan las tecnologías y el trabajo colectivo
en red en el tema de la productividad. Si los conocimientos científicos y
técnicos admiten que el planeta podría soportar la vida de 12.000 millones de
seres humanos de una manera equilibrada en términos de sostenibilidad
ambiental, es posible reducir sustancialmente el tiempo de trabajo de todos
para todos.
Anexo
Según datos del
IGCP publicados el 20 de enero pasado, la amortización de la deuda pública a
medio y largo plazo presentaba el siguiente perfil:
Los ejercicios
que realizamos se basan en las siguientes hipótesis simplificadoras:
- Solo se tiene en cuenta el período 2014/2021 que, como se puede ver, se encuentra particularmente saturado en las previsiones del gobierno;
- El PIB en 2012 fue de 165.409 millones de euros aproximadamente y el presupuesto aprobado para 2014 estima para 2013 un descenso del 1,8%, pero tiene un crecimiento optimista del 0,8% para el año en curso. A efectos del ejercicio, vamos a aceptar esos pronósticos y a admitir que el crecimiento del PIB para el año en curso se repetirá hasta... 2021.
En este contexto, el PIB portugués presentará los siguientes valores
Millones de €
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
162.432
|
163.731
|
165.041
|
166.361
|
167.692
|
169.034
|
170.386
|
171.749
|
173.123
|
Es muy poco probable que vaya a ser así dado el típico optimismo engañoso
del gobierno y de la troika, en el que resalta más la manipulación política que
el rigor técnico. Por otro lado y, especialmente, dada la preponderancia actual
de los mercados financieros, la previsión económica se ha convertido en un
auténtico ejercicio de futurología, sobre todo teniendo en cuenta que se centra
en un período de siete años y cuando se sabe que instituciones especializadas,
como el FMI, Eurostat o la OCDE, rara vez no realizan correcciones regulares en
sus predicciones, incluso en las de a corto plazo. La previsión económica
objetiva, mezclada con la manipulación política para engañar a los votantes y
al público en general, para fomentar la "confianza" de los inversores
y empresarios o, también, para beneficiar a la "Goldman Sachs" en sus
resultados, se instala de pleno en los dominios de Monsieur Nostradamus o en el
determinismo salido de una baraja de tarot;
- Los intereses y comisiones sobre la deuda previstos en el presupuesto para este año son de 7.239 millones de euros, frente a los efectivos 7.486,1 millones y 8.189,4 millones en 2013 o 2012 respectivamente. Se supone en este ejercicio que los intereses y comisiones correspondientes a los años siguientes se centrarán en los pagos que implican las hipótesis consideradas, en proporción a las previsiones para el año en curso de la deuda restante. Esto significa que se toma como constante la deuda a corto plazo, una deuda que no se tiene en cuenta en el plan del gobierno para la amortización, sino que cuyos intereses están naturalmente incluidos en las cifras mostradas anteriormente.
En cualquier caso, mostramos a continuación una estimación independiente de
las necesidades de financiación a corto plazo:
Rehabilitating
Portugal – Tortus Capital
Documentos y textos en:
http://grazia-tanta.blogspot.com/
http://pt.scribd.com/profiles/documents/index/2821310
http://www.slideshare.net/durgarrai/documents
http://pt.scribd.com/profiles/documents/index/2821310
http://www.slideshare.net/durgarrai/documents
GRAZIA TANTA – NEWS, noticias y comentarios sobre lo que
está pasando
[4] A dívida de pessoas e empresas
– a dependência eterna http://grazia-tanta.blogspot.pt/2012/09/v-behaviorurldefaultvmlo_15.html
[6] O crédito concedido pelo BCE
aos bancos portugueses corresponde a cerca de 25% do PIB
[22] Si, por el
contrario, el gobierno vigente deja de aplicar estas medidas de austeridad para
apoyar al empresariato portugués, sediento de trabajo mal pagado y benefícios
fiscales, que será lo más probable
[27] http://rehabilitatingportugal.com/rehabilitating_portugal.pdf de onde se extrairam alguns dados dispersos
pelo texto, mais adiante
Muy interesante. Lo comparto en las redes
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